«No hubo una adecuada planeación», anotó en una parte de su intervención la Fiscalía, al reformularle cargos al concejal mercedeño y excandidato a la Alcaldía de ese municipio, Jorge Iván Hernández Marín, de 39 años.

A él se le complicó la situación jurídica. Esta semana, ante un juez de Salamina, le enrostraron peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ahí se reconoció también como víctima al Municipio.

Un contrato, en su época de presidente del Concejo de La Merced, en el 2018, es el que tiene enredado al funcionario público, quien está en la corporación por el Partido de la U.

Todo arrancó por una auditoría express de la Contraloría al Concejo, el 26 de noviembre de ese año. El titular del ente reportó dos hallazgos con alcance penal. El fiscal explicó que el señalado llevó a cabo un proceso de contratación de mínima cuantía por $3 millones, para suministro de alimentación y refrigerios para los concejales e invitados a las sesiones. A la oferente ganadora se le notificó la asignación del contrato el mismo día que radicó la propuesta, cuando el calendario expresaba algo diferente.

En mayo de ese año se hizo efectivo el pago a Natalia Cárdenas Escobar y se determinó el cumplimiento de lo acordado, pero sin evidencias de que eso ocurrió, según la Fiscalía.