¡Impactante y preocupante! América Latina y el Caribe se encuentran en el epicentro de una crisis de violencia contra los defensores ambientales, según datos alarmantes del Foro de la Tierra LAC 2024. El 88 por ciento de los asesinatos de estos valientes activistas ocurrieron en esta región, con países como Brasil, Colombia, México y Honduras liderando las estadísticas sombrías.

Los números son solo la punta del iceberg de una situación más amplia: el avance implacable de las industrias extractivas. Con 1.405 casos de grandes transacciones de tierras que abarcan 51,5 millones de hectáreas, la región enfrenta una creciente ola de concesiones territoriales que amenazan los derechos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Este sombrío panorama se ilustra con casos emblemáticos que demuestran el conflicto entre el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente. Desde la lucha de los pueblos colla, quechua, aymara, atacama y chicha en Jujuy, Argentina, contra la extracción de litio hasta la expansión desenfrenada de la minería de oro en Nicaragua, estas comunidades se enfrentan a poderosos intereses que buscan explotar los recursos naturales a cualquier costo.

En Nicaragua, el 7 por ciento del territorio está disponible para la extracción minero-metálica, con graves consecuencias para el medio ambiente y las comunidades locales. Mientras tanto, en Chile, los pueblos mapuche-williche resisten contra la instalación de centrales hidroeléctricas que amenazan con inundar sus tierras ancestrales.

Estos casos son solo una muestra de la lucha desigual entre las comunidades y las corporaciones extractivas. La falta de consulta previa, libre e informada, la violación de los derechos territoriales y la creciente violencia contra los defensores ambientales son signos alarmantes de una crisis que requiere atención urgente y acciones concretas. Por: Luz Esperanza Blanco