En un veredicto histórico emitido el 10 de junio por un tribunal federal de Florida, Chiquita Brands International fue ordenada a pagar una compensación sin precedentes de 38,3 millones de dólares a las familias de ocho víctimas de los brutales actos perpetrados por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este fallo representa un hito en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas en casos de complicidad corporativa en violaciones de derechos humanos.

La sentencia surge tras años de batalla legal, donde se evidenció que Chiquita financió activamente a las AUC entre 1997 y 2004, periodo en el cual se perpetraron innumerables atrocidades en Colombia. La confesión de la empresa ante tribunales estadounidenses en 2007, admitiendo su complicidad con una organización catalogada como terrorista por el gobierno de Washington, marcó el inicio de un proceso judicial que culminó con la imposición de una multa de 25 millones de dólares.

Chiquita alegó haber sido extorsionada para realizar estos pagos a las AUC, argumentando que buscaba proteger a su personal y sus operaciones en la región de Urabá, en Colombia. Sin embargo, el tribunal federal determinó que el apoyo financiero de la compañía fue «prolongado, regular y sustancial», contribuyendo así a la perpetuación de la violencia y el sufrimiento en el país sudamericano.

Las atrocidades cometidas por las AUC durante décadas han dejado un legado de dolor y sufrimiento en Colombia. Estas milicias, en su cruzada contra las guerrillas de izquierda, sembraron el terror con un saldo de cientos de miles de víctimas. El veredicto del tribunal estadounidense reconoce la responsabilidad de Chiquita en estos crímenes, al haber facilitado recursos financieros que fueron utilizados para cometer homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas.

La sentencia emitida por el tribunal federal de Florida representa un paso significativo hacia la rendición de cuentas de las corporaciones que han contribuido a violaciones de derechos humanos en el extranjero. Este fallo envía un claro mensaje de que las empresas multinacionales deben asumir su responsabilidad por sus acciones y colaborar en la búsqueda de justicia para las víctimas de atrocidades en todo el mundo.