En una decisión sin precedentes, el tribunal arbitral del proyecto inmobiliario Meritage falló a favor de Colombia y rechazar todos los reclamos presentados por Ángel Samuel Seda y otros inversionistas, quienes alegaban presunta violación del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recordó al tribunal la relevancia de esta excepción y argumentó que Colombia tenía el derecho de confiscar este predio para evitar un posible lavado de activos que beneficiaba a una de las principales organizaciones criminales del país. Adicionalmente, la investigación de la Fiscalía sobre la extinción de dominio en 2016, que consideró que el terreno estaba vinculado a actividades ilícitas, fue un factor clave en la disputa.

En efecto, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó que Colombia no violó los derechos de los inversionistas estadounidenses en el proyecto inmobiliario Meritage y exoneró al Estado colombiano de cualquier responsabilidad de expropiación ilegal.

Gracias a esta decisión, Colombia no tendrá que pagar los 300 millones de dólares reclamados por los inversionistas, quienes buscaban compensación por la pérdida de un lujoso complejo inmobiliario en la vía entre Medellín y Rionegro.

El arbitraje por el caso Meritage inició el 25 de marzo de 2019, fecha en la que se registró la demanda presentada por Ángel Samuel Seda y otros, contra Colombia ante el CIADI. El tribunal arbitral estuvo integrado por Klaus Sacks (presidente de nacionalidad alemana); Charles Poncet (co-árbitro de nacionalidad suiza); y Hugo Perezcano (co-árbitro de nacionalidad mexicana).

Este fallo representa un hito en la historia del arbitraje internacional, ya que es la primera vez que se acepta la excepción de seguridad esencial de un Estado para rechazar los reclamos de un inversionista. Además, deja claro que el arbitraje de inversión no puede utilizarse para fines delictivos, como el tráfico ilícito de estupefacientes. Con información del Ministerio de Justicia.