El Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, ha declarado que ante la controversia jurídica entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la convocatoria de la consulta popular para el 7 de agosto de 2025, será necesario que las altas cortes del país decidan si se continúa con el proceso. Según Penagos, «cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas, deben ser los jueces quienes tomen la decisión que corresponda».

El funcionario destacó que la Registraduría, como órgano autónomo e independiente según la Constitución, no tiene un superior funcional y actúa de manera neutral para garantizar la integridad de los procesos electorales. En este sentido, la Registraduría llevará a cabo varias acciones, entre ellas, solicitar un concepto ante el Consejo de Estado y remitir la solicitud a la Procuraduría y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, mientras aguarda la respuesta de las altas cortes.

Penagos también mencionó que, en caso de que las cortes autoricen la consulta, se necesitaría un presupuesto de aproximadamente 750.000 millones de pesos, lo que implica un proceso de planeación logística que requiere de al menos tres meses. «Es materialmente imposible realizar todos los trámites necesarios en tan poco tiempo», señaló.

Finalmente, el Registrador advirtió sobre los riesgos de tomar decisiones precipitadas, tanto en términos de los costos como de la estabilidad institucional del país, y reiteró que corresponde a los jueces del país resolver la situación conforme a la Constitución.