La reciente retención de 57 soldados en el Cañón del Micay revela la persistente influencia de los grupos armados ilegales en Colombia. El Ejército acusa a guerrilleros del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC, de haber infiltrado a los civiles para frenar el avance de las fuerzas armadas en esta zona clave para la producción de cocaína. Esta táctica, no solo busca controlar el territorio, sino también desafiar el poder del Estado.

El presidente Gustavo Petro ha instado a los pobladores a liberar a los soldados y rechazar las órdenes de actores armados, en alusión a la posible vinculación de las guerrillas con carteles mexicanos. Este hecho subraya las dificultades para consolidar la paz, pues los intentos de diálogo con el EMC han fracasado, y el narcotráfico sigue siendo un obstáculo.