La Registraduría Nacional del Estado Civil oficializó la inscripción de un comité ciudadano que busca convocar un referendo derogatorio del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en noviembre de 2016. La decisión, contenida en la Resolución 9509 del 5 de agosto, marca el inicio de un proceso que podría reabrir uno de los debates más sensibles en la historia reciente del país.

El comité, denominado “Referendo derogatorio del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de la Paz Total”, fue inscrito el pasado 29 de julio. A partir de esta fecha, sus promotores cuentan con aval legal para iniciar la recolección de firmas, requisito indispensable para que la iniciativa avance hacia las urnas.

Según cifras oficiales, el censo electoral vigente asciende a 41.135.609 personas. Por tanto, el comité deberá recolectar al menos el 5% de ese total —equivalente a 2.056.780 firmas válidas— en un plazo de seis meses. En caso de superar ese umbral, el referendo solo será válido si logra la participación de al menos el 25% del censo electoral, es decir, más de 10 millones de votantes.

El vocero designado del comité es el abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal, conocido por sus posturas críticas frente a la implementación del acuerdo y por haber liderado otras iniciativas jurídicas de alto perfil. Rocha ha calificado el acuerdo como un “fracaso institucional y presupuestal”, argumentando que no ha garantizado verdad, justicia ni reparación para las víctimas del conflicto armado.

La iniciativa ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político. El presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por las implicaciones internacionales de un eventual referendo derogatorio, advirtiendo que Colombia podría exponerse a sanciones por incumplimiento de compromisos adquiridos ante las Naciones Unidas.

El Acuerdo de Paz, firmado en el Teatro Colón en 2016 por el entonces presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Farc, Rodrigo Londoño, fue considerado por la comunidad internacional como un modelo de transición. Sin embargo, internamente ha enfrentado críticas por su implementación y por los beneficios otorgados a excombatientes sin condenas judiciales.