Más denuncias y acusaciones en contra del presidente de Venezuela Nicolás Maduro han sido presentadas ante la Corte del Distrito Sur de Florida. Una demanda sin precedentes contra Maduro y varios de sus más cercanos aliados, incluyendo miembros del llamado Cartel de los Soles, jueces del Tribunal Supremo de Venezuela y altos ejecutivos de PDVSA.

Las denuncias, reactivadas por familias estadounidenses que aseguran haber sido víctimas de represalias políticas entre 2020 y 2023, señalan a Maduro como líder del denominado “Cartel de los Soles”, una red criminal que habría utilizado recursos estatales para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, en alianza con exmiembros de las FARC.

En Miami, las demandas civiles acusan al mandatario y a miembros de su círculo cercano —incluidos Diosdado Cabello, Tarek William Saab y Vladimir Padrino López— de violar la Ley Antiterrorista Federal. Las víctimas relatan haber sido secuestradas por períodos que van de 123 a 643 días, sometidas a torturas físicas y psicológicas como represalia por la detención de Alex Saab, presunto testaferro del régimen.

En paralelo, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York avanza en un macroproceso penal contra Maduro por narcoterrorismo. Exmilitares como Hugo “El Pollo” Carvajal y Clíver Alcalá se han declarado culpables, confirmando que el régimen chavista facilitó rutas, logística y armas para el envío masivo de drogas hacia EE.UU..

La Fiscalía estadounidense sostiene que el Cartel de los Soles operó a través de puertos, aeropuertos y empresas estatales como PDVSA, utilizando el aparato gubernamental para proteger y financiar sus operaciones ilícitas. En junio de 2025, Carvajal admitió todos los cargos en su contra, reforzando la narrativa judicial que vincula directamente a Maduro con el narcoterrorismo.

Como parte de esta ofensiva legal, el gobierno de EE.UU. aumentó recientemente la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro a 50 millones de dólares, y de Diosdado Cabello a 25 millones. Carteles con esta oferta aparecieron en la frontera colombo-venezolana, generando tensión diplomática y una respuesta militar del régimen, que desplegó 4,5 millones de milicianos en todo el país.