El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de las declaraciones que hizo contra el fiscal Mario Andrés Burgos, quien lideró la investigación penal contra Nicolás Petro, hijo del mandatario, y participó en el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

La decisión judicial responde a una acción de tutela interpuesta por Burgos, quien alegó que las afirmaciones del presidente vulneraron sus derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la dignidad humana. En sus declaraciones, Petro vinculó al fiscal con presuntas estructuras criminales y lo acusó de favorecer a narcotraficantes, sin presentar pruebas ni respaldo judicial.

Entre las expresiones cuestionadas se encuentran las emitidas durante un Consejo de Ministros el 4 de febrero de 2025, en el que Petro preguntó: “¿Por qué la muerte del fiscal Pecci quedó en manos del fiscal Burgos, y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso?”. También se citan publicaciones en la red social X y otras intervenciones públicas en las que el presidente relacionó al funcionario con una supuesta “junta del narcotráfico”.

El fallo establece que el presidente debe rectificar sus declaraciones en un plazo máximo de 48 horas, tanto en la red social X como en los escenarios donde fueron emitidas originalmente. La jueza Tania Inés Jaimes Martínez concluyó que “el legítimo derecho a expresarse libremente debe ceder ante la presunción de inocencia y los derechos a la honra y al buen nombre”.

Desde la defensa del fiscal Burgos se calificó la decisión como un “acto de justicia institucional” y se instó al presidente a acatarla sin dilaciones. “El Estado de Derecho se fortalece cuando sus líderes honran las decisiones de los jueces y protegen la dignidad de sus ciudadanos”, señaló el abogado Sebastián Rondón.