El contralor delegado para el sector de Educación, Ciencia, Cultura y Deporte, Andrey Giovanni Rodríguez León, emitió una alerta nacional sobre la posible suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), advirtiendo que más del 65 % del territorio colombiano podría quedar sin cobertura a partir de octubre si no se asignan los recursos necesarios para su continuidad.

La advertencia se basa en un déficit presupuestal de al menos 500.000 millones de pesos, que amenaza con interrumpir el suministro de alimentos a cerca de 3,5 millones de estudiantes de colegios públicos. Según la Contraloría General de la Nación, 29 entidades territoriales certificadas en educación ya enfrentan riesgo de suspensión desde septiembre, cifra que podría aumentar a 52 en el mes siguiente.

“El PAE no es solo un complemento alimentario, es en muchos casos la única comida que reciben miles de niños y jóvenes en zonas vulnerables. Su interrupción tendría consecuencias graves en términos de salud, permanencia escolar y dignidad humana”, señaló Rodríguez León en entrevista con Blu Radio.

Actualmente, el programa alcanza una cobertura cercana al 80 % de la población escolar oficial, pero la falta de financiación ha sido una constante desde inicios de año. La Unidad de Alimentos para Aprender (UAPA) solicitó 4,5 billones de pesos al Ministerio de Hacienda para el funcionamiento del PAE en 2025, pero solo se asignaron 2,2 billones, generando una desfinanciación estructural que pone en riesgo el cierre del calendario escolar.

Departamentos como Amazonas, Cauca, La Guajira, Vichada y municipios como Tumaco y Yumbo figuran entre los más afectados. En estas regiones, el programa cumple un papel esencial no solo educativo, sino como herramienta de protección social frente a la inseguridad alimentaria.

La Contraloría instó al Gobierno nacional a tomar medidas urgentes para garantizar la continuidad del programa y evitar una crisis humanitaria silenciosa en el sistema educativo. “El ideal es lograr una cobertura del 100 %, pero hoy el reto inmediato es asegurar que el 80 % que ya está cobijado no quede desamparado”, concluyó Rodríguez León.