En un fallo histórico, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia restaurativa contra doce exintegrantes del Ejército colombiano por su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad, cometidos entre 2002 y 2005 en el norte del país. Los hechos están relacionados con el asesinato de 135 civiles, presentados falsamente como bajas en combate, en lo que se conoce como el caso de los “falsos positivos” del Batallón La Popa.

La sentencia, dictada por la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, impone sanciones propias de entre cinco y ocho años a los exmilitares, que incluyen restricciones a la libertad y la ejecución de proyectos restaurativos en beneficio de las víctimas. Estas labores abarcan la construcción de memoriales, el apoyo a comunidades indígenas y afrodescendientes, y la participación en obras de infraestructura social.

Entre los condenados figuran oficiales, suboficiales y soldados profesionales, quienes reconocieron su participación en los crímenes y aceptaron su responsabilidad ante el tribunal. La magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, encargada de la lectura del fallo, subrayó que “estos hechos no fueron aislados ni atribuibles a conductas individuales, sino parte de una práctica sistemática bajo presión institucional por resultados”.

Las víctimas, en su mayoría jóvenes campesinos, indígenas Wiwa y Kankuamo, y afrodescendientes, fueron seleccionadas por su vulnerabilidad económica y social. Según la JEP, los crímenes se cometieron en alianza con estructuras paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que refuerza el carácter sistemático de las ejecuciones.

El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, calificó la decisión como “un acto de verdad y reparación que dignifica a las víctimas y fortalece la justicia transicional”. El fallo fue entregado simbólicamente en una mochila arhuaca, como gesto de respeto a las comunidades indígenas afectadas.

Este pronunciamiento marca un precedente en el proceso de justicia restaurativa en Colombia, al ser la primera vez que exmiembros de la Fuerza Pública son sancionados por crímenes cometidos durante el conflicto armado bajo el modelo establecido en el Acuerdo de Paz de 2016.