El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de declarar al movimiento Antifa como una “gran organización terrorista”, en medio de una creciente controversia sobre los límites de la protesta política y la seguridad nacional.

La propuesta ha sido respaldada por líderes como el primer ministro húngaro Viktor Orbán, pero ha generado críticas por la falta de claridad sobre cómo se aplicaría dicha designación a un movimiento que carece de estructura formal.

Antifa, abreviatura de “Antifaschistische Aktion” (Acción Antifascista), es un movimiento social internacional que agrupa a colectivos e individuos que se oponen al fascismo, el racismo, el antisemitismo y las ideologías de extrema derecha. Su origen se remonta a Alemania en la década de 1930, cuando activistas comunistas enfrentaban el ascenso del Partido Nazi. Desde entonces, ha evolucionado como una red descentralizada de grupos que se identifican con la izquierda radical, el anarquismo y el anticapitalismo.

En Estados Unidos, Antifa ha estado presente desde los años 80, con grupos como Rose City Antifa en Portland, Anti-Racist Action (ARA) en el Medio Oeste, y Refuse Fascism, fundado tras la elección de Trump en 2016. Estos colectivos han participado en protestas contra el Ku Klux Klan, neonazis y figuras de la derecha radical, como Milo Yiannopoulos. Algunos de sus miembros defienden el uso de la confrontación directa y la desobediencia civil como formas legítimas de resistencia.

El movimiento no cuenta con líderes reconocidos, sede central ni estructura jerárquica, lo que ha llevado a expertos como el exdirector del FBI, Christopher Wray, a señalar que no puede ser clasificado legalmente como organización terrorista bajo la legislación estadounidense vigente.

La iniciativa de Trump surge tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, aunque no se ha presentado evidencia que vincule a Antifa con el crimen. Críticos advierten que el presidente estaría utilizando el caso como pretexto para reprimir a sus opositores políticos y criminalizar la protesta social.