Una investigación internacional publicada por la organización Global Witness ha revelado nuevos indicios que vinculan al gigante cárnico brasileño JBS con prácticas de deforestación ilegal en la Amazonía, afectando indirectamente cadenas de distribución en ciudades colombianas como Medellín. El informe señala que la empresa habría adquirido ganado proveniente de zonas deforestadas, violando compromisos ambientales asumidos ante organismos multilaterales.

Según el reporte, JBS —considerada la mayor procesadora de carne del mundo— habría mantenido relaciones comerciales con proveedores vinculados a la destrucción de áreas protegidas en los estados brasileños de Pará y Rondônia. A pesar de los sistemas de trazabilidad anunciados por la compañía, los investigadores detectaron fallas en el monitoreo de fincas indirectas, donde se concentra gran parte del daño ambiental.

En Medellín, varias cadenas de supermercados y distribuidores de alimentos han sido señalados como compradores de productos procesados por JBS, lo que ha encendido alertas entre organizaciones ambientalistas locales. La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Metropolitana (CorpoMed) pidió a las autoridades revisar los contratos de importación y exigir certificaciones más rigurosas sobre el origen de la carne.

La empresa brasileña respondió a las acusaciones negando cualquier vínculo directo con actividades ilegales y aseguró que “mantiene una política de cero deforestación en su cadena de suministro”. Sin embargo, expertos en sostenibilidad advierten que los mecanismos actuales de verificación no son suficientes para garantizar transparencia en toda la cadena productiva.

Colombia, como país signatario del Acuerdo de Escazú y participante en la Coalición de Bosques Tropicales, enfrenta el reto de fortalecer sus controles sobre productos importados que puedan estar asociados a prácticas ambientales nocivas. En ese contexto, el caso JBS reabre el debate sobre la responsabilidad compartida entre productores, distribuidores y consumidores.