El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción en diez provincias del país, en respuesta a una serie de protestas que el Gobierno calificó como “violentas y desestabilizadoras”. La medida, que incluye la movilización de fuerzas militares y la restricción temporal de derechos constitucionales, busca contener los disturbios registrados en zonas estratégicas como Pichincha, Guayas, Azuay y Tungurahua.

Según el decreto presidencial, el estado de excepción tendrá una duración inicial de 60 días y contempla el despliegue de unidades de seguridad en puntos críticos de infraestructura pública, incluyendo carreteras, instalaciones energéticas y edificios gubernamentales. El Ejecutivo argumentó que las manifestaciones han sido infiltradas por “grupos organizados con fines políticos y criminales”, lo que justificaría la intervención extraordinaria.

Las protestas, que comenzaron la semana pasada, fueron convocadas por sindicatos, organizaciones indígenas y colectivos sociales en rechazo a reformas laborales, ajustes fiscales y proyectos extractivos en territorios protegidos. En varias ciudades se han reportado bloqueos de vías, enfrentamientos con la policía y daños a bienes públicos.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) rechazó el decreto y acusó al Gobierno de criminalizar la protesta social. “No somos violentos, somos pueblos que defienden sus derechos. Esta declaratoria es una provocación”, señaló la organización en un comunicado.

Organismos de derechos humanos han expresado preocupación por el uso de la fuerza y pidieron garantías para el respeto de la protesta pacífica. La Defensoría del Pueblo solicitó al Ejecutivo que se abstenga de realizar detenciones arbitrarias y que garantice el debido proceso.

El estado de excepción deberá ser revisado por la Corte Constitucional, que en ocasiones anteriores ha limitado su alcance por consideraciones de proporcionalidad. Mientras tanto, el país enfrenta una creciente polarización política y social, en medio de un contexto económico complejo y una agenda de reformas que ha generado resistencia en diversos sectores.