El Gobierno de Estados Unidos continúa paralizado tras el fracaso de las negociaciones entre legisladores demócratas y republicanos para aprobar un nuevo paquete presupuestario. La falta de consenso en el Congreso ha prolongado el cierre parcial de la administración federal, que ya afecta a cientos de miles de empleados públicos y a servicios esenciales en todo el país.

Las conversaciones, que se intensificaron durante el fin de semana, no lograron superar las diferencias sobre el nivel de gasto en defensa, programas sociales y medidas migratorias. Mientras los republicanos insisten en recortes significativos al gasto público y mayores restricciones en la frontera sur, los demócratas defienden el mantenimiento de programas sociales clave y una reforma migratoria con enfoque humanitario.

El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de “obstruir el funcionamiento del país por intereses ideológicos”, mientras que líderes demócratas en el Senado responsabilizaron a la Casa Blanca por “imponer condiciones inaceptables que ponen en riesgo a millones de ciudadanos”.

El cierre afecta agencias como el Departamento de Agricultura, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), y el Servicio de Parques Nacionales, además de retrasar pagos a contratistas, suspender investigaciones científicas y limitar el acceso a servicios consulares. Aunque el Departamento de Defensa y otras áreas críticas continúan operando, el impacto económico comienza a sentirse en sectores como el turismo, el transporte y la educación.

Analistas advierten que, de prolongarse, el cierre podría afectar la calificación crediticia del país y generar incertidumbre en los mercados financieros. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que cada semana de paralización representa una pérdida de hasta 0.1 puntos porcentuales en el crecimiento económico trimestral.

Los líderes del Congreso retomarán las negociaciones este martes, pero no se descarta que el estancamiento se prolongue si no se alcanza un acuerdo de compromiso. Mientras tanto, miles de trabajadores federales permanecen en licencia no remunerada o laborando sin garantía de pago.