En medio de una nueva ola de manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha sugerido públicamente la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, una herramienta legal que permitiría el despliegue de tropas federales para contener disturbios civiles. La declaración ha generado preocupación entre juristas, legisladores y organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre los riesgos de militarizar la respuesta a la protesta social.

La Ley de Insurrección, promulgada en 1807, otorga al presidente la facultad de utilizar fuerzas armadas en territorio nacional cuando se considere que el orden público está siendo gravemente alterado y las autoridades locales no pueden controlar la situación. Aunque ha sido invocada en contadas ocasiones —como durante los disturbios raciales de los años 60 y tras el huracán Katrina en 2005— su uso sigue siendo excepcional y sujeto a estrictos límites constitucionales.

Según expertos en derecho constitucional, la ley permite intervenir sin el consentimiento de los gobiernos estatales si se considera que hay una insurrección, obstrucción de la ley o privación de derechos civiles. Sin embargo, su aplicación requiere una justificación clara y proporcional, y puede ser objeto de revisión judicial.

Las protestas actuales, que se han intensificado tras decisiones judiciales y medidas migratorias del Ejecutivo, han sido mayoritariamente pacíficas, aunque en algunas ciudades se han reportado enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo. La Casa Blanca no ha confirmado oficialmente la activación de la ley, pero fuentes cercanas al Departamento de Defensa señalan que se han iniciado evaluaciones preliminares sobre su viabilidad operativa.

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han advertido que invocar esta ley en el contexto actual podría constituir un abuso de poder y una amenaza al derecho de reunión pacífica. Varios gobernadores han expresado su rechazo a cualquier intervención militar sin coordinación previa con las autoridades estatales.

El Congreso, por su parte, ha solicitado al Ejecutivo que presente un informe detallado sobre las condiciones que justificarían una medida de esta magnitud. Mientras tanto, el país se mantiene en alerta ante la posibilidad de una escalada institucional que podría tener implicaciones profundas para el equilibrio democrático.