Miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro se movilizaron en diversas ciudades de Brasil para exigir su amnistía, en medio de los procesos judiciales que enfrenta por presunta incitación a actos antidemocráticos y abuso de poder durante su mandato. Las manifestaciones, convocadas por agrupaciones conservadoras y sectores evangélicos, se concentraron principalmente en São Paulo, Brasilia y Belo Horizonte.

Los participantes portaron banderas nacionales, pancartas con mensajes religiosos y consignas en defensa de la “libertad política”, mientras reclamaban que Bolsonaro es víctima de una persecución judicial. En Brasilia, la marcha culminó frente al Congreso Nacional, donde líderes del movimiento entregaron una solicitud formal de amnistía a parlamentarios aliados.

“Bolsonaro no cometió crímenes, defendió al pueblo brasileño. Queremos justicia y respeto por la voluntad popular”, declaró uno de los organizadores, el pastor Silas Lima, durante el acto central. La movilización se desarrolló de manera pacífica, aunque bajo fuerte vigilancia policial, en previsión de posibles disturbios.

El expresidente enfrenta varias investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF), entre ellas por su presunta implicación en los ataques al Congreso y al Palacio de Planalto ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando grupos radicales intentaron desconocer el resultado electoral que dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro ha negado cualquier responsabilidad y ha calificado los procesos en su contra como “una farsa política”.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Flávio Dino, reiteró que “la ley se aplica a todos por igual” y que cualquier solicitud de amnistía debe ser tramitada conforme a los procedimientos constitucionales. Por su parte, el presidente Lula no se ha pronunciado directamente sobre las marchas, aunque en recientes declaraciones defendió la independencia del Poder Judicial.

Analistas políticos advierten que el pedido de amnistía podría tensar aún más el clima institucional en Brasil, donde persisten divisiones profundas entre sectores bolsonaristas y el gobierno actual. La propuesta deberá ser evaluada por el Congreso, donde Bolsonaro aún conserva influencia entre algunos legisladores.