La Procuraduría General de la Nación presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitando la nulidad total del convenio suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal para la fabricación de pasaportes. El contrato, valorado en más de 1,3 billones de pesos, ha sido objeto de cuestionamientos por presuntas irregularidades en su adjudicación y ejecución.
Según el Ministerio Público, el convenio interadministrativo vulneró principios fundamentales de la contratación estatal, como la transparencia, la selección objetiva y la competencia. La Procuraduría argumenta que la Imprenta Nacional no contaba con la capacidad técnica ni operativa para cumplir con el objeto contractual, lo que derivó en una subcontratación directa con la empresa portuguesa sin los debidos procesos de selección.
El procurador delegado Marcio Melgosa Torrado, quien lidera la acción judicial, también solicitó que se ordene a la Casa da Moeda de Portugal la devolución íntegra de los recursos recibidos, en caso de que se declare la nulidad del contrato. La demanda incluye a los representantes legales de las entidades involucradas, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores Rosa Villavicencio y la directora de la Imprenta Nacional, Viviana León Herrera.
El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente al proceso, defendiendo la capacidad estatal para producir documentos oficiales y cuestionando que datos personales de los ciudadanos sean gestionados por empresas extranjeras. “El país tiene derecho a que su información esté bajo control público”, afirmó el mandatario en declaraciones recientes.
La Comisión de Vigilancia Preventiva de la Procuraduría había advertido previamente sobre inconsistencias en la aprobación del convenio por parte de la junta directiva de la Imprenta Nacional, así como omisiones en los procedimientos competitivos requeridos por la ley. El caso podría tener implicaciones administrativas y fiscales para los funcionarios involucrados, además de afectar la continuidad del proceso de expedición de pasaportes en el país.
