El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó la apertura de una indagación preliminar para evaluar la legalidad de la eventual inscripción del expresidente Álvaro Uribe Vélez como candidato al Senado de la República en las elecciones legislativas de marzo de 2026. La medida responde a una denuncia ciudadana que plantea una posible inhabilidad derivada de una condena judicial en primera instancia.

La actuación administrativa fue formalizada mediante el Auto CNE-E-DG-2025-021541, firmado por el magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda el pasado 8 de octubre. En el documento, el CNE señala que la solicitud de impugnación fue presentada por el ciudadano Inder Alonso Ramírez Pérez, quien argumenta que Uribe estaría inhabilitado conforme al numeral 1 del artículo 179 de la Constitución Política, que prohíbe a personas condenadas por sentencia judicial aspirar al Congreso.

Aunque no existe una inscripción oficial del exmandatario ante el organismo electoral, el CNE decidió iniciar la indagación para determinar si se configura una causal de inhabilidad que impida su eventual candidatura. El tribunal otorgó un plazo de diez días al expresidente y a su partido político para presentar pruebas, argumentos y documentación que sustenten la legalidad de su aspiración.

La apertura de esta investigación preliminar ha generado reacciones diversas en el ámbito político. Voceros del Centro Democrático han calificado la medida como “una maniobra preventiva sin fundamento jurídico”, mientras que sectores opositores han solicitado que se garantice el cumplimiento estricto de los requisitos constitucionales para el acceso a cargos de elección popular.

El proceso se encuentra en etapa preliminar y no implica una sanción ni una revocatoria automática. De acuerdo con expertos en derecho electoral, el CNE deberá evaluar si la condena en primera instancia tiene efectos jurídicos suficientes para configurar una inhabilidad, considerando que aún no existe una sentencia en firme.

La decisión del CNE se suma a un contexto político marcado por el debate sobre la participación de figuras con antecedentes judiciales en las elecciones de 2026, y podría sentar un precedente relevante en la interpretación de los límites constitucionales para el ejercicio de cargos públicos.