En el marco de la COP30, celebrada en la ciudad amazónica de Belém, expertos en seguridad pública y medio ambiente alertaron sobre el papel creciente del crimen organizado como obstáculo estructural para la protección climática en Brasil. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, organizaciones como el Comando Vermelho (CV) controlan vastas zonas de minería ilegal, deforestación y tráfico de drogas en la región amazónica.

Rodrigo Ghiringhelli, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, señaló que “la lucha contra el calentamiento global en Brasil no puede desvincularse de la lucha contra el crimen organizado”. Las actividades ilegales, que incluyen la extracción de oro en ríos como el Japurá y la tala indiscriminada, generan impactos ambientales devastadores y erosionan la gobernabilidad territorial.

La policía ambiental ha intensificado sus operaciones en zonas críticas, pero enfrenta limitaciones logísticas y amenazas constantes. La COP30, que busca posicionar la Amazonía como eje de la diplomacia climática, se desarrolla en un contexto de alta conflictividad, donde las mafias locales y transnacionales desafían los compromisos internacionales de conservación.

El Gobierno brasileño ha prometido reforzar la presencia estatal en la región, pero organizaciones indígenas y ambientalistas advierten que sin una estrategia integral contra el crimen, los esfuerzos climáticos seguirán siendo vulnerables.