La Comunidad de Madrid confirmó este viernes que no implementará el registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, tal como exige la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva de 2023. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, declaró que la administración regional “no va a señalar ni a perseguir” a los profesionales que decidan no practicar interrupciones voluntarias del embarazo, y dejó la decisión en manos de los tribunales.

La negativa ha generado una fuerte reacción del Gobierno central. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que se interpondrá un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid, calificando la postura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso como una “rebelión contra la ley, la democracia y los derechos de las mujeres”.

Madrid es la única comunidad autónoma que no ha cumplido con el mandato legal de crear dicho registro, cuyo objetivo es garantizar el acceso efectivo al aborto en centros públicos, evitando que la objeción de conciencia impida la prestación del servicio.

El caso abre una nueva confrontación institucional entre el Ejecutivo nacional y el gobierno madrileño, en un contexto de polarización política sobre derechos reproductivos y autonomía regional.