La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la muerte de siete menores de edad durante un bombardeo de las Fuerzas Militares en zona rural del departamento del Guaviare, en el sur de Colombia. El ataque, dirigido contra un campamento de disidencias de las FARC, ha generado conmoción nacional y reacciones de organismos internacionales que exigen esclarecer los hechos.

En un comunicado oficial, la ONU recordó que el Estado colombiano tiene la obligación de proteger a los niños y niñas, incluso cuando se encuentren en contextos de reclutamiento forzado. “La niñez no puede ser tratada como objetivo militar”, señaló el organismo, que pidió una investigación independiente, reparación a las familias y medidas urgentes para prevenir nuevas tragedias.

El Gobierno ha defendido la legalidad de la operación, argumentando que se trataba de un blanco legítimo y que los menores estaban siendo utilizados como escudos humanos por los grupos armados. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la proporcionalidad del uso de la fuerza y han exigido revisar los protocolos militares en zonas con presencia de población civil vulnerable. El caso revive tensiones sobre los límites éticos y legales de la política de seguridad en Colombia.