El presidente Gustavo Petro aseguró que su Gobierno no violó el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los bombardeos militares que causaron la muerte de varios menores de edad reclutados por grupos armados ilegales. La declaración se dio en medio de fuertes críticas de organizaciones humanitarias y sectores políticos, que cuestionan la legalidad y proporcionalidad de las operaciones.

“El Estado no mató niños. Fueron las organizaciones criminales las que los convirtieron en escudos humanos”, afirmó el mandatario.

Petro defendió la actuación de las Fuerzas Militares y señaló que los menores estaban siendo utilizados por las disidencias de las FARC como parte de su estructura armada. Según el presidente, los operativos se realizaron bajo protocolos que respetan el DIH, y responsabilizó a los grupos ilegales por el uso de menores en actividades bélicas. “La muerte de un niño en combate no es responsabilidad del Estado, sino del reclutador”, agregó.

La controversia ha reabierto el debate sobre los límites éticos y jurídicos del uso de la fuerza en contextos de conflicto armado. Organizaciones como Human Rights Watch y la ONU han pedido investigaciones independientes y garantías de protección para la niñez en zonas de confrontación.