El Gobierno de Perú oficializó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia del Callao por un periodo adicional de 30 días, a partir del 21 de noviembre. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, busca reforzar las acciones contra el crimen organizado y la delincuencia común, que han escalado en ambas jurisdicciones. El presidente José Jerí justificó la decisión como parte de una estrategia integral de seguridad ciudadana.

Durante este periodo, se mantendrán restricciones a derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad personal. La Policía Nacional del Perú continuará a cargo del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de patrullaje y control. Las autoridades también deberán autorizar previamente la realización de eventos masivos, incluidos los de carácter religioso, cultural o deportivo.

Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la prolongación de estas medidas excepcionales, advirtiendo sobre el riesgo de abusos y la necesidad de garantizar el respeto a las libertades civiles. Mientras tanto, sectores ciudadanos respaldan la decisión ante el temor creciente por extorciones, sicariato y redes criminales. La prórroga refleja el difícil equilibrio entre seguridad y derechos en un país que enfrenta desafíos estructurales en su sistema de justicia y control territorial.