La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva Durán en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el contrato de fabricación de pasaportes. Según el ente acusador, durante su gestión en la Cancillería se habrían vulnerado principios de transparencia y selección objetiva, lo que derivó en cuestionamientos sobre la legalidad del convenio suscrito con la Imprenta Nacional y la Casa da Moeda de Portugal.

La decisión se produce tras meses de indagaciones en las que se recopilaron documentos, testimonios y análisis técnicos que apuntan a posibles responsabilidades administrativas y penales. La Fiscalía sostiene que Leyva habría tenido conocimiento de las limitaciones técnicas de la Imprenta Nacional y, aun así, avaló el acuerdo que terminó en una subcontratación directa con la empresa extranjera. Este hecho, según los investigadores, podría configurar delitos relacionados con la contratación pública.

El anuncio marca un nuevo capítulo en un proceso que ha generado amplio debate político y jurídico en el país. Mientras sectores cercanos al excanciller insisten en que se trató de una decisión orientada a garantizar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes, críticos señalan que el caso refleja la necesidad de reforzar los controles institucionales. La imputación abre la puerta a audiencias formales en las que se definirá la situación jurídica de Leyva y el alcance de las responsabilidades en uno de los contratos más polémicos de los últimos años.