La Contraloría General de la República alertó sobre serias dificultades en la ejecución del contrato de pasaportes, señalando que no se cumpliría el cronograma establecido y que podrían generarse sobrecostos que afectarían las finanzas públicas. El organismo de control indicó que las demoras en la entrega de insumos y en la adecuación de procesos ponen en riesgo la continuidad del servicio, esencial para miles de ciudadanos que requieren el documento para viajar o realizar trámites internacionales.

El informe preliminar advierte que la falta de planeación y las inconsistencias en la contratación podrían derivar en un detrimento patrimonial. Funcionarios de la entidad señalaron que se han identificado retrasos en la producción y distribución de pasaportes, lo que ya ha generado filas más largas y quejas de usuarios en diferentes ciudades. “La ciudadanía no puede ser la que pague las consecuencias de errores administrativos”, expresó un vocero de la CGR, subrayando la necesidad de tomar medidas urgentes.

La situación ha encendido el debate político y social. Mientras el Gobierno asegura que trabaja en soluciones para garantizar la continuidad del servicio, expertos en contratación pública advierten que el caso refleja la fragilidad de los procesos estatales y la importancia de fortalecer los mecanismos de control.