El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un borrador de decreto que ha encendido las alarmas en el sector turístico. La propuesta introduce nuevas exigencias para las plataformas de hospedaje temporal como Airbnb, que según gremios y asociaciones serían de “imposible cumplimiento técnico y jurídico”. Lo más preocupante para los operadores es que las medidas entrarían en vigor desde el 18 de diciembre, sin un período de transición, lo que podría paralizar gran parte de la oferta de viviendas turísticas no hoteleras en el país.

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) advirtió que el decreto impondría una “licencia de facto” a los propietarios que arriendan sus inmuebles por días, obligándolos a cumplir con requisitos complejos en el Registro Nacional de Turismo. Para miles de familias que dependen de estos ingresos, la medida representa un golpe directo a su economía.

La polémica también ha llegado a los usuarios, quienes ven en estas aplicaciones una alternativa accesible y flexible frente a la hotelería tradicional. En ciudades como Cartagena, Medellín y Bogotá, el turismo digital ha dinamizado la economía local y generado nuevas oportunidades de empleo. Sin embargo, el Gobierno insiste en que la regulación busca ordenar el sector y garantizar condiciones de seguridad y transparencia. En medio de la incertidumbre, la discusión refleja el choque entre innovación tecnológica y regulación estatal, con un desenlace que podría redefinir la manera en que los colombianos y extranjeros viajan y se hospedan en el país.