La compañía portuguesa EDP Renováveis presentó una demanda internacional contra el Estado colombiano por un valor de 600 millones de dólares, alegando incumplimientos en acuerdos de inversión relacionados con dos proyectos eólicos en La Guajira, conocidos como Alfa y Beta.

El caso fue radicado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, instancia que dirime disputas entre gobiernos y empresas extranjeras.

Los proyectos, que sumaban una capacidad de 0,5 GW, fueron anunciados en 2019 como parte de la apuesta por diversificar la matriz energética del país. Sin embargo, según la empresa, las dificultades regulatorias y el incumplimiento de garantías por parte del Estado colombiano llevaron al abandono de las obras, generando pérdidas cercanas a 590 millones de euros. Para las comunidades de La Guajira, la suspensión significó también la frustración de expectativas de empleo y desarrollo local, lo que añade un componente social al conflicto.

La demanda revive el debate sobre la seguridad jurídica de las inversiones extranjeras en Colombia. Mientras el Gobierno asegura que defenderá al país en el tribunal internacional, expertos advierten que un fallo adverso podría afectar la confianza de futuros inversionistas en el sector energético.