La Procuraduría General de la Nación inició una indagación disciplinaria para establecer responsabilidades en el contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

El proceso busca esclarecer las presuntas irregularidades que llevaron al incumplimiento del acuerdo firmado con la firma estadounidense Vertol Systems, que debía garantizar la operatividad de estas aeronaves estratégicas para las Fuerzas Militares.

La investigación se produce tras la captura de un coronel de la Brigada de Aviación No. 32 y de funcionarios del Ministerio de Defensa, así como la detención preventiva de representantes de la empresa contratista. Según el Ministerio Público, se indaga si hubo omisiones de funciones por parte de servidores civiles y militares que podrían constituir faltas disciplinarias. Además, se ordenó la inspección de la Brigada de Aviación para recaudar pruebas sobre la firma y ejecución del contrato.

El caso ha generado preocupación en la opinión pública, pues el “descalabro” de los MI-17 afecta directamente la capacidad aérea del Ejército en operaciones de seguridad y transporte. Para los soldados y comunidades que dependen de estas aeronaves, la situación refleja no solo un problema técnico, sino también la fragilidad institucional frente a la corrupción en contratos de defensa.