El abogado David Cote radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular contra los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, denunciando una presunta “maniobra fiscal” que habría mantenido el precio de la gasolina por encima de los valores internacionales.

Según el recurso, los colombianos estarían pagando un sobrecosto cercano a $3.249 por galón, pese a que desde octubre de 2023 el país alcanzó la paridad con la referencia del Golfo de México.

La demanda sostiene que el Gobierno habría trasladado parte del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) al bolsillo de los ciudadanos, incrementando el valor de manera “artificial” y sin justificación técnica.

Para los consumidores, el impacto se siente directamente en la economía cotidiana: transportadores, comerciantes y familias denuncian que el alza sostenida del combustible ha encarecido la canasta básica y los costos de movilidad, generando un ambiente de inconformidad y desconfianza hacia las decisiones fiscales.

El caso abre un debate sobre la transparencia en la política de precios de los combustibles y la responsabilidad del Estado en garantizar tarifas justas. Mientras el Gobierno defiende los ajustes como necesarios para sanear las finanzas públicas, sectores sociales y económicos insisten en que se trata de una carga injustificada para millones de colombianos.