Un juez de control de garantías decidió no imponer medida de aseguramiento en centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, dentro del proceso que se le sigue por el denominado caso Fucoso.

La Fiscalía había solicitado su detención preventiva por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero el juez consideró que no existían elementos suficientes para justificar la privación de la libertad en una cárcel.

La decisión se tomó tras varias horas de audiencia en las que la defensa de Petro argumentó que el proceso debía respetar el principio de presunción de inocencia y que las pruebas presentadas por la Fiscalía podían ser controvertidas en juicio sin necesidad de una medida restrictiva tan severa. El juez optó por imponerle una medida no privativa de la libertad, lo que significa que Nicolás Petro continuará vinculado al proceso, pero podrá defenderse en libertad mientras avanza la investigación.

El caso ha generado un fuerte impacto político y social, pues involucra directamente al hijo del jefe de Estado en un escándalo de presunta corrupción y manejo irregular de recursos. Para muchos ciudadanos, la decisión judicial refleja la tensión entre la necesidad de garantizar justicia y el respeto a los derechos fundamentales.