El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que interpondrá una acción de tutela contra la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno de Gustavo Petro. Según Uribe, la medida vulnera principios constitucionales y representa un riesgo para la estabilidad institucional del país.

El exmandatario argumentó que el Ejecutivo no puede recurrir a mecanismos excepcionales para resolver problemas fiscales que, en su criterio, deben atenderse con disciplina presupuestal y recorte de gasto.

La tutela busca que la justicia evalúe si la declaratoria cumple con los requisitos de “gravedad e imprevisibilidad” que exige la Constitución. Uribe señaló que la decisión del Gobierno afecta directamente a los ciudadanos, pues podría abrir la puerta a impuestos o medidas que golpeen la economía familiar. “No se puede abusar de las herramientas constitucionales”, expresó, insistiendo en que la salida debe ser transparente y ajustada a la ley.

El anuncio ha generado debate en la opinión pública y en sectores políticos. Para algunos, la acción de Uribe refleja la preocupación por la legalidad de las decisiones fiscales; para otros, se trata de un pulso político frente al Gobierno Petro. En las calles, la gente percibe la discusión no como un asunto jurídico abstracto, sino como una disputa que impacta su vida diaria: el precio de la gasolina, los alimentos y la confianza en las instituciones.