El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno fijará por decreto el nuevo salario mínimo vital que regirá en 2026, luego de que la mesa de concertación entre empresarios y sindicatos no lograra un acuerdo.

Según el mandatario, será la primera vez que en Colombia se establezca un salario con este enfoque, que busca garantizar no solo una remuneración individual, sino un ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias trabajadoras.

Petro explicó que el concepto de “mínimo vital” se fundamenta en estándares internacionales y en la Constitución colombiana, que reconoce el derecho de los ciudadanos a condiciones de vida dignas. Aunque aún no se ha revelado el monto exacto, el decreto incluirá un cambio de fondo: el cálculo del salario no se limitará a la productividad o la inflación, sino que tendrá en cuenta el costo real de la canasta básica y la capacidad de los hogares para acceder a servicios esenciales como alimentación, vivienda y transporte.

El anuncio llega en medio de la emergencia económica decretada por el Gobierno y de la preocupación ciudadana por el alza en los precios de la gasolina y los alimentos. Para millones de colombianos, la expectativa no es solo una cifra en pesos, sino la posibilidad de aliviar la presión sobre sus bolsillos y recuperar confianza en las instituciones.

El “salario mínimo vital” se presenta como una apuesta por la justicia social, aunque también genera interrogantes sobre su impacto en las empresas y en la sostenibilidad fiscal del país.