El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a los Estados parte de la convención internacional contra el racismo a aplicar sanciones y otras medidas contra Israel, tras confirmar prácticas de segregación y discriminación sistemática hacia la población palestina.

La petición se fundamenta en un informe independiente de 2024 que documentó abusos como la expansión de asentamientos, restricciones en permisos de construcción y demoliciones de viviendas, acciones que, según el organismo, socavan cualquier perspectiva de paz.

La comisión ad hoc que investigó la situación concluyó que estas políticas constituyen una forma de discriminación racial institucionalizada. Para las comunidades palestinas, las medidas restrictivas no son solo cifras o resoluciones: representan la pérdida de hogares, la imposibilidad de acceder a servicios básicos y la perpetuación de un sentimiento de exclusión.

El llamado de la ONU busca poner en el centro a las personas afectadas, recordando que detrás de cada demolición o restricción hay familias que viven bajo constante incertidumbre. Para los palestinos, la declaración representa un reconocimiento de su sufrimiento y una esperanza de que la presión internacional pueda frenar prácticas que consideran injustas y deshumanizantes. El mensaje del Comité es claro: la protección de los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier cálculo político o militar.