El anuncio fue confirmado por el Ministro del Interior, Armando Benedetti, quien informó que los integrantes del gabinete del presidente Gustavo Petro no acudirán al debate de control político programado por la plenaria del Senado para analizar el decreto de emergencia económica y social.

La citación, convocada por la mesa directiva del Congreso, buscaba que los ministros explicaran las motivaciones y alcances del decreto; sin embargo, el Ejecutivo sostuvo que la agenda ministerial está concentrada en la implementación de las medidas urgentes derivadas de la emergencia.

Benedetti explicó que la decisión responde a razones formales y de procedimiento: aseguró que no se han expedido aún los decretos reglamentarios vinculados a la emergencia y que no se han cumplido los plazos legales —como el término de cinco días para responder el cuestionario enviado por el Congreso— que permiten un debate con información completa y ordenada. El ministro insistió en que la ausencia no pretende eludir la rendición de cuentas, sino priorizar la gestión de la crisis fiscal y social que, según el Gobierno, requiere atención inmediata en territorio.

La medida generó rechazo en sectores de la oposición y preocupación entre observadores institucionales, que advierten sobre el riesgo de un choque entre Ejecutivo y Legislativo en un momento de alta sensibilidad económica. Algunos congresistas han señalado que la inasistencia podría derivar en sanciones políticas, incluida la posibilidad de mociones de censura contra miembros del gabinete si no se atienden los llamados del Congreso dentro de los plazos que la ley establece; para la ciudadanía, la disputa se traduce en inquietud sobre la transparencia y la eficacia de las respuestas frente a la inflación y el costo de la vida.