En un operativo de vigilancia en el estado Apure, fronterizo con Colombia, la FANB localizó en tierra una aeronave bimotor oculta y “enmascarada” junto a un terraplén usado como pista clandestina improvisada, y procedió a su destrucción, informó el comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lárez a través de redes oficiales.

Las autoridades señalaron que el avión no presentaba seriales visibles y que, según los registros de control regional, no contaba con permiso ni plan de vuelo, lo que motivó la acción militar en el lugar. La operación se enmarca en los controles que el régimen ha intensificado sobre el espacio aéreo en zonas fronterizas, donde se han detectado pistas y aeronaves vinculadas al tráfico ilícito.

El anuncio oficial incluyó cifras que el Gobierno ha venido difundiendo: la FANB afirmó que, en lo que va de 2025 se han inmovilizado 31 aeronaves y 422 desde la promulgación de la ley de defensa del espacio aéreo en 2012, datos que buscan mostrar la magnitud de los controles sobre vuelos no autorizados en territorios limítrofes. Para las comunidades locales, sin embargo, la noticia revive la tensión cotidiana: vecinos de zonas rurales del Apure han denunciado la presencia de pistas clandestinas y la circulación de aviones que aterrizan y despegan en la oscuridad, una realidad que alimenta el miedo y la desconfianza hacia actores armados y redes ilícitas que operan en la frontera.

Más allá del operativo, la acción deja preguntas sobre seguridad, soberanía y derechos humanos en una región marcada por la conflictividad. Aunque el Gobierno presentó la destrucción como una medida de defensa del espacio aéreo y de lucha contra el contrabando y el narcotráfico, organizaciones y observadores internacionales suelen pedir transparencia en estos procedimientos y garantías sobre el respeto a la vida y al debido proceso en las zonas fronterizas.