El presidente Gustavo Petro comunicó en una alocución que el salario mínimo vital para 2026 quedará en $2.000.000 con auxilio de transporte, un ajuste que el Ejecutivo presenta como un avance para garantizar el poder adquisitivo de los hogares y que, según el Gobierno, responde al cálculo de la canasta básica familiar y criterios de dignidad salarial.

La decisión se tomó luego de que empresarios y centrales obreras no alcanzaran un acuerdo en la mesa de concertación, por lo que el aumento fue decretado por el Ejecutivo; el Gobierno también explicó que acompañará la medida con lineamientos para su implementación en el sector formal.

La medida tendrá efectos directos en la nómina y en la cotización a seguridad social: el Gobierno informó que el ajuste aplica a los trabajadores formales que devengan el salario mínimo y que el auxilio de transporte se mantiene como componente adicional para quienes cumplen con los requisitos legales. El anuncio llega en un contexto de alta sensibilidad social por el alza de precios y la emergencia económica, y el Ejecutivo señaló que la medida entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, beneficiando a más de 2,4 millones de trabajadores que devengan el mínimo legal.

Para muchas familias, el aumento representa una esperanza tangible: un ingreso que alcance para alimentación, transporte y servicios puede aliviar la presión diaria en hogares que han visto erosionado su poder de compra. Al mismo tiempo, analistas y representantes del sector productivo han advertido sobre los retos que implica un incremento de esta magnitud para micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que el debate público se centra ahora en cómo combinar la protección del empleo con la mejora del ingreso. En términos técnicos, el salario básico sin el auxilio de transporte quedó en $1.746.882, según el desglose oficial, y el Gobierno ha dicho que acompañará la medida con medidas de apoyo a sectores vulnerables y programas sociales para mitigar impactos en la informalidad y el empleo.