El Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, tiene listo un borrador de decreto que busca derogar la prima creada en 2013 y que hoy se paga como un complemento al salario de los legisladores; el valor reportado para este año ronda $16.914.540 mensuales por congresista, según el documento al que tuvieron acceso medios locales y que fundamenta la propuesta en criterios de austeridad y equidad frente a la realidad económica del país.

El Gobierno argumenta que la medida no vulnera derechos adquiridos porque la prima fue establecida por decreto y no por mandato constitucional, y plantea que su eliminación permitiría reorientar recursos en un contexto de ajuste fiscal tras la caída de la reforma tributaria.

En el borrador se contempla que la eliminación de la prima podría regir para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026, lo que implicaría una reducción significativa en la remuneración mensual de los legisladores —en algunos cálculos cercana a $11 a $15 millones menos por mes— y se enmarca dentro de las medidas que el Gobierno presenta como necesarias para contener el gasto público y evitar una crisis fiscal. Fuentes consultadas por la prensa señalan que la iniciativa busca además responder a la percepción pública sobre privilegios en la clase política y a la necesidad de mostrar medidas concretas de austeridad en un año de alta sensibilidad social.

La propuesta ha abierto un debate político inmediato: sectores del Gobierno la defienden como un gesto de responsabilidad fiscal y de coherencia con la emergencia económica, mientras que algunos congresistas y analistas advierten sobre la necesidad de respetar procedimientos y de evaluar efectos colaterales en la carrera legislativa y la representación ciudadana. Para la opinión pública, la medida toca un punto sensible: la percepción de privilegios frente a la realidad de millones de hogares que enfrentan inflación y pérdida de poder adquisitivo. Más allá del ahorro presupuestal, la discusión se centra en la legitimidad y la transparencia de las decisiones que afectan a quienes representan a la ciudadanía.