La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, pidió al gobierno israelí que elimine “todas las barreras” que impiden el acceso de asistencia a la población palestina en Gaza. La exigencia se produjo tras conocerse que Israel revocará, a partir del 1 de enero, las licencias de 37 organizaciones humanitarias que operan en la Franja y en Cisjordania, bajo el argumento de que algunos de sus empleados habrían estado vinculados a actividades terroristas.

La medida ha generado alarma internacional. Naciones Unidas y varias agencias de ayuda advirtieron que la suspensión de estas ONG agravará la crisis humanitaria en Gaza, donde miles de familias dependen de la asistencia para sobrevivir en medio de la guerra y el invierno.

“El impacto inmediato será devastador”, señaló la ONU, recordando que solo en diciembre seis niños murieron por las duras condiciones climáticas y la falta de recursos básicos.

Para la población palestina, la noticia se traduce en incertidumbre y miedo. En los campamentos improvisados de Khan Yunis y Rafah, desplazados relatan que la ayuda de estas organizaciones es lo único que les permite acceder a alimentos, medicinas y refugio.

La exigencia de la UE busca humanizar la discusión: más allá de los argumentos legales o políticos, se trata de garantizar que miles de personas no queden abandonadas en medio de un conflicto que ya ha cobrado demasiadas vidas.