El anuncio responde a la preocupación de autoridades locales y del sector de la vivienda por el efecto automático que tiene la indexación de los topes de VIS y VIP al salario mínimo: con el alza del salario, los precios máximos de estos programas se disparan y ponen en riesgo la compra de vivienda por parte de hogares de bajos ingresos.

El Distrito de Bogotá y otras administraciones habían advertido que, con el incremento salarial, los valores de una vivienda VIS podrían subir hasta 23 %, lo que en la práctica significaría que muchas familias que ya habían separado una vivienda verían cómo el precio final se eleva de forma inesperada y difícil de asumir.

En el decreto que prepara el Ejecutivo se plantea romper el vínculo automático entre salario mínimo y topes de vivienda, de modo que los criterios de fijación de precios tomen en cuenta variables como el costo de la construcción, las tasas de interés y la capacidad de pago real de los hogares, en lugar de depender exclusivamente del salario legal.

Fuentes que cubrieron la discusión señalan que la medida busca evitar una ola de desistimientos en proyectos VIS y VIP y proteger tanto a compradores como a la cadena de empleo en la construcción, que podría verse afectada por una caída en la demanda si los precios suben de forma abrupta.

Para las familias que aspiran a acceder a una vivienda de interés social, la desindexación representa una esperanza concreta: la posibilidad de que los topes se ajusten con criterios técnicos y no solo por una variable salarial que, en este caso, tuvo un aumento excepcional.