La Policía Nacional confirmó que cinco uniformados que se desplazaban en un vehículo oficial fueron interceptados por hombres armados en la carretera que conecta Cúcuta con Tibú.

Según las primeras versiones, los agentes fueron obligados a descender y trasladados a una zona rural bajo control de un grupo guerrillero, en un hecho que refleja la persistente vulnerabilidad de las vías del Catatumbo, donde operan estructuras del ELN y disidencias de las FARC.

Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda con apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea, mientras la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica iniciaron gestiones para facilitar un eventual proceso de liberación. El secuestro ocurre en un contexto de alta tensión: la región enfrenta una escalada de violencia que afecta tanto a la fuerza pública como a comunidades campesinas, que viven entre la presión de los grupos armados y la incertidumbre por la falta de garantías de seguridad.

El impacto humano es evidente. Los familiares de los policías secuestrados esperan noticias en medio de la angustia, mientras los habitantes de Tibú y municipios vecinos expresan temor por la continuidad de los retenes ilegales que ponen en riesgo a cualquiera que transite por la zona.

Más allá de la dimensión política y militar, el caso recuerda que la crisis del Catatumbo no solo se mide en cifras de operativos, sino en la vida cotidiana de quienes enfrentan el miedo de salir a la carretera y no regresar.