El Juzgado 27 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad rechazó la acción de tutela interpuesta por un grupo de congresistas que buscaba frenar los efectos inmediatos del decreto de emergencia económica firmado el pasado 22 de diciembre.

La decisión se sustentó en que las tutelas no pueden sustituir el control constitucional que ejerce la Corte sobre los estados de excepción. Con ello, se ratifica que será el alto tribunal el encargado de revisar la legalidad y proporcionalidad de la medida adoptada por el Ejecutivo.

La tutela había sido promovida por varios parlamentarios, entre ellos la precandidata presidencial Paloma Valencia, quienes argumentaban que el decreto imponía obligaciones tributarias sin un control previo, lo que podía afectar derechos fundamentales de los ciudadanos.

Sin embargo, el juez concluyó que la vía adecuada para cuestionar la declaratoria es el análisis de la Corte Constitucional, que retomará sus funciones tras la vacancia judicial. El fallo deja claro que los jueces de primera instancia no pueden intervenir en decisiones de excepción de esta magnitud.

Más allá del debate jurídico, la decisión refleja la tensión política que rodea la emergencia económica decretada por el Gobierno tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. Para los ciudadanos, el tema no se reduce a tecnicismos legales: se trata de cómo las medidas extraordinarias impactarán su vida cotidiana, desde los impuestos hasta la estabilidad financiera del país. El rechazo de la tutela devuelve la discusión al terreno institucional, pero también recuerda que detrás de cada decreto hay familias y comunidades que esperan soluciones concretas frente a la crisis económica.