El Ministerio de Vivienda presentó el documento para comentarios públicos, en el que se establece que todo contrato de compraventa, separación o encargo fiduciario deberá fijar el precio de la vivienda en pesos desde el inicio de la negociación. La medida surge tras el aumento del salario mínimo en un 23 % para este año, que generó preocupación entre familias que vieron cómo el valor de sus viviendas podía subir de manera automática sin relación directa con los costos de construcción.

El borrador también mantiene el tope máximo de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las VIS, pero aclara que, una vez firmado el contrato, el valor quedará congelado en pesos y no podrá indexarse nuevamente al salario mínimo. Expertos señalan que la iniciativa busca proteger a los compradores, aunque advierten que podría trasladar riesgos a las constructoras y afectar la oferta de proyectos en algunas regiones.

Más allá de la discusión técnica, la medida tiene un impacto humano directo: miles de familias que sueñan con acceder a una vivienda propia encontrarán mayor seguridad jurídica y previsibilidad en el precio final. Para los hogares de ingresos bajos y medios, la posibilidad de pactar valores fijos en pesos representa un alivio frente a la incertidumbre de los aumentos anuales del salario mínimo. El debate ahora se centra en cómo equilibrar la protección al comprador con la sostenibilidad del sector constructor, en un país donde la vivienda digna sigue siendo una de las principales aspiraciones sociales.