El gremio de los comerciantes – Fenalco-, demandó ante el Consejo de Estado el aumento del salario mínimo para 2026, que quedó en 23%, y solicitó la suspensión inmediata del decreto, pues asegura que de no frenarlo se perderían alrededor de 772.340 empleos y se cerrarían innumerables mipymes.

Según Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, la decisión del Gobierno “desconoció el marco legal y constitucional vigente al aplicar criterios no contemplados en la ley y sustituir las variables obligatorias para la fijación del salario mínimo; inflación, productividad, PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional; por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la OIT sin carácter vinculante”.

Además, Fenalco advierte que la aplicación genera impactos irreversibles, presiones inflacionarias adicionales, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.

“Esta no es una discusión contra los trabajadores, que se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país. Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general del país por encima de los intereses politiqueros del Gobierno”, remató Cabal.