El recurso fue presentado por la delegada de la Fiscalía ante la Corte, quien argumentó que el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió a Uribe en diciembre pasado, contiene errores de derecho y de valoración probatoria. La entidad solicitó que el máximo tribunal revise la sentencia y determine si hubo irregularidades en el análisis de las pruebas. Con esta acción, la Fiscalía se suma a la estrategia jurídica que ya habían adelantado el senador Iván Cepeda y su defensa.

El recurso de casación es un mecanismo excepcional que no abre una tercera instancia, sino que permite a la Corte Suprema revisar si la decisión judicial cumplió con los estándares legales. En este caso, la Fiscalía insiste en que el fallo no valoró de manera adecuada testimonios y evidencias que podrían comprometer al expresidente. La Corte deberá decidir si admite el recurso y, de ser así, estudiar los argumentos para definir si mantiene o revoca la absolución.

Más allá del debate jurídico, la noticia tiene un fuerte impacto político y humano: Uribe, figura central de la política colombiana, enfrenta nuevamente la incertidumbre sobre su futuro judicial, mientras sus seguidores y detractores reavivan la polarización en el país.

Para las víctimas que se consideran afectadas por el caso, la acción de la Fiscalía representa una esperanza de que se esclarezca la verdad; para otros sectores, es una señal de que la justicia sigue siendo un terreno de disputa en medio de la tensión política nacional.