Un bloque compuesto por 20 de los 32 mandatarios departamentales decidió plantarse frente al presidente Gustavo Petro, declarándose en abierta resistencia contra el decreto de emergencia económica.

Para estos líderes regionales, el decreto no es una solución a la crisis, sino un golpe a sus finanzas y un atentado directo contra la autonomía que les otorga la Constitución de 1991. La disputa no es solo política. El Gobierno Nacional sostiene que la emergencia es la única vía para recaudar cerca de 16 billones de pesos destinados a sanear las deudas del sistema de salud y cumplir con compromisos de deuda externa.

Sin embargo, los gobernadores ven en esta movida una estrategia que pretende echarle mano a las rentas departamentales, que sostienen los hospitales y el deporte en las regiones. Incluso, Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño y aliado del proyecto de Petro, se sumó a las voces de protesta.

Para enfrentar lo que califican como un abuso de poder, los mandatarios diseñaron una estrategia jurídica y administrativa de tres frentes que busca bloquear la aplicación del decreto. El primer paso es una “tutelatón” masiva. Cada gobernador interpondrá una acción de tutela argumentando que la redistribución de recursos planteada por el Ejecutivo.

El segundo frente, y quizás el más desafiante para la estabilidad institucional del país, es el camino de la “no aplicabilidad”. Bajo el liderazgo técnico de Antioquia y el respaldo de departamentos como Valle, Meta y Tolima, los mandatarios evalúan aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Esta figura jurídica les permitiría ignorar el decreto en sus territorios hasta que la Corte Constitucional emita un fallo definitivo. El foco de esta resistencia está en el recaudo de impuestos al consumo, específicamente en productos como licores y cigarrillos, que son la columna vertebral de los ingresos propios de las gobernaciones.

Desde la Casa de Nariño, la reacción no se hizo esperar y el tono fue de advertencia. El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, calificó el anuncio de los gobernadores como un “exabrupto jurídico”. Según el alto funcionario, lo que pretenden los mandatarios es usurpar una competencia que es exclusiva de la Corte Constitucional.

La decisión final recaerá sobre la Corte Constitucional, que podría emitir un fallo a finales de febrero. Hasta entonces, el ambiente seguirá caldeado.