El caso se conoció luego de que la representante a la Cámara Catherine Juvinao denunciara que la Fundación San José habría otorgado diplomas de manera irregular a por lo menos 24 personas vinculadas al Gobierno Petro como contratistas.

Entre ellos figura un funcionario de la Dian que recibió títulos en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y Marketing Internacional, todos entregados el mismo día.

El funcionario explicó que cursó las carreras de manera simultánea, pero la denuncia generó dudas sobre la validez de los programas y la capacidad real de la institución para garantizar calidad académica. La Fundación San José, ya cuestionada por el caso de Juliana Guerrero —exfuncionaria cercana al presidente Petro que recibió un título falso—, enfrenta ahora un proceso de investigación más amplio que involucra al Ministerio de Educación y a la Procuraduría.

Más allá del debate jurídico y académico, el episodio refleja la preocupación ciudadana por la transparencia en la formación profesional y el impacto que estos títulos tienen en la confianza institucional.

Para los estudiantes que dedican años de esfuerzo a obtener un diploma, la noticia genera indignación y sensación de injusticia; para la sociedad, abre un interrogante sobre cómo garantizar que quienes ocupan cargos públicos cuenten con credenciales legítimas y verificables. La polémica humaniza el problema: detrás de cada diploma cuestionado hay una comunidad que exige rigor y credibilidad en la educación superior.