El proyecto impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y presentado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, plantea modificaciones en 18 artículos de la normativa actual Venezolana. Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, la reforma es necesaria para lograr un «acelerado incremento» en la producción petrolera ya adaptarse a los acuerdos recientes con Estados Unidos sobre la venta de crudo venezolano. La propuesta incluye una reducción en la participación estatal sobre las ganancias y la posibilidad de que las compañías privadas tengan mayor margen de acción en proyectos energéticos.

La medida ha generado debate dentro y fuera del país. Mientras el oficialismo asegura que la reforma permitirá atraer inversión extranjera y recuperar la capacidad productiva de PDVSA, sectores críticos advierten que podría significar una pérdida de control estatal sobre un recurso estratégico. La Asamblea Nacional aprobó la iniciativa con mayoría calificada, aunque aún debe superar un segundo debate antes de convertirse en ley.

Más allá de la discusión técnica, el impacto humano es evidente: miles de trabajadores del sector petrolero esperan que la apertura a empresas privadas se traduzca en nuevas oportunidades laborales y en la recuperación de salarios golpeados por la crisis. Para las comunidades que dependen de la actividad petrolera, la reforma representa la esperanza de revitalizar economías locales, aunque también despierta incertidumbre sobre cómo se garantizará que los beneficios lleguen realmente a la población y no solo a los inversionistas.