Según reportes de las Naciones Unidas, las disidencias de las Farc y el ELN han incorporado drones armados como una nueva estrategia en la guerra colombiana, generando ataques de bajo costo y alto impacto contra poblaciones rurales y puestos de salud.

La instalación de un campamento especializado en el uso de esta tecnología ha fortalecido la capacidad ofensiva de los grupos ilegales, en medio de una disputa por el control del narcotráfico y las rutas fronterizas. En el último año, más de 100.000 personas han sido desplazadas y cerca de 200 homicidios se han registrado en la zona.

Las comunidades campesinas e indígenas son las más golpeadas por esta nueva fase del conflicto. Familias enteras han tenido que abandonar sus hogares tras ataques con drones que destruyeron viviendas y centros de atención médica, como ocurrió en El Tarra a finales de 2025.

Organizaciones humanitarias como Acción Contra el Hambre han intensificado su presencia en la región, brindando asistencia a mujeres, niños y comunidades afrocolombianas que viven bajo confinamiento y miedo constante.

Más allá de la estrategia militar, el impacto humano es devastador: campesinos que sembraban para sobrevivir ahora huyen con lo poco que pueden cargar; niños crecen en medio de explosiones y desplazamientos; y líderes comunitarios denuncian que la guerra desde el aire ha convertido la vida cotidiana en un escenario de incertidumbre.