Durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz, la representante de Estados Unidos criticó al Gobierno colombiano por no contener el avance de organizaciones criminales que continúan vinculando a niños y adolescentes a sus filas.

La diplomática advirtió que, de no controlarse esta práctica, la violencia podría expandirse y afectar no solo a los colombianos, sino también a la región y a los propios intereses de seguridad de Estados Unidos.

El informe de la ONU confirmó que el reclutamiento de menores persiste en varias zonas del país, especialmente en regiones como el Catatumbo y el Pacífico, donde la presencia de disidencias de las Farc y del ELN mantiene a comunidades enteras bajo presión. Ante la ausencia de la canciller Rosa Villavicencio, el vicecanciller Mauricio Jaramillo asistió a la sesión y defendió los esfuerzos del Gobierno Petro, asegurando que se han intensificado programas de prevención y atención a víctimas, aunque reconoció que el desafío sigue siendo enorme.

Más allá del debate diplomático, el impacto humano es devastador: niños y niñas que deberían estar en las aulas son arrancados de sus hogares para ser usados como combatientes o informantes. Familias campesinas e indígenas viven con el temor constante de perder a sus hijos, mientras líderes comunitarios denuncian que la falta de presencia estatal facilita el control de los grupos armados. El reclamo de Estados Unidos ante la ONU pone en evidencia que el problema del reclutamiento infantil no es solo un asunto interno, sino una herida que compromete la dignidad y el futuro de toda una generación en Colombia.